El mapa de una respuesta estatal desigual ante más de 300 mil denuncias anuales de agresiones contra la mujer.
Entre los años 2019 y 2025, el Perú enfrentó una de las crisis sociales más persistentes y silenciosas de su historia reciente: la violencia física, psicológica y sexual contra las mujeres no dio tregua ni con el confinamiento de la pandemia ni con el retorno a la normalidad. La barrera de las 300.000 denuncias anuales se convirtió en una constante dolorosa.
Denuncias totales acumuladas en el periodo analizado (2018-2025)
Pico máximo de denuncias en un solo año registrado (2023)
% de denuncias concentradas en violencia psicológica y física
Al abrir la base de datos nacional, los registros de violencia revelan patrones estremecedores. La violencia no es un fenómeno homogéneo: el daño emocional constante domina los partes policiales. La violencia psicológica encabeza los registros con 1.442.157 casos (55,8%), seguida por la violencia física con 833.927 registros (32,3%). Ambas, sumadas a los casos combinados de agresión física y psicológica, concentran un abrumador 96,4% del total nacional.
"La historia de los datos nos demuestra algo incómodo: el problema está lejos de ceder, pero lo más alarmante es si la capacidad del Estado responde en la misma medida en los territorios donde la presión es insostenible."
Si miramos el volumen total de denuncias acumuladas en años completos (2018-2025), Lima Metropolitana lidera con comodidad absoluta al concentrar 796.249 denuncias. Le siguen Arequipa (181.933), Piura (133.365) y Cusco (124.071).
Sin embargo, el número bruto oculta la verdadera intensidad del dolor. Al calcular la tasa de denuncias por cada 100 mil habitantes, el mapa cambia drásticamente.
Regiones menos pobladas emergen en rojo intenso. En el último periodo comparable, territorios como Moquegua, Ica, Apurímac y Madre de Dios lideran las tasas nacionales de incidencia, evidenciando una presión asfixiante sobre sus comunidades.
¿Cómo responde el Estado frente a esta geografía de la urgencia? Cruzamos la cantidad de comisarías básicas del MININTER y los recursos de salud mental comunitaria por región.
El contraste es revelador: en departamentos con altos niveles de denuncias relativas, las comisarías y los Centros de Salud Mental Comunitaria (CSMC) muestran brechas críticas de cobertura territorial, forzando a miles de mujeres a no contar con ayuda especializada oportuna.
Cuando una víctima acude a denunciar, la primera línea de contención suele ser la comisaría del distrito. La empatía, el trato especializado y la comprensión del enfoque de género resultan vitales en esta primera interacción física.
De un total consolidado de 49.987 efectivos policiales registrados en las comisarías cruzadas en el proyecto, solo 4.569 son mujeres policías.
Incluso en regiones como Ica y Madre de Dios, que muestran niveles de afectación altísimos, la participación femenina policial apenas bordea el promedio, dejando a las comisarías en un estado de respuesta predominantemente masculino.
Aunque regiones como Tacna (14,07%), Áncash (12,83%) y Apurímac (12,77%) exhiben porcentajes ligeramente superiores, la brecha estructural a nivel país persiste. La escasez de agentes femeninas asignadas a tareas directas de atención e investigación constituye uno de los principales cuellos de botella institucionales.
El centralismo que aqueja al Perú no solo se expresa en términos económicos, sino también en el acceso a la sanación mental de las víctimas de violencia de género. El cruce con los 305 Centros de Salud Mental Comunitaria (CSMC) registrados a nivel país expone contrastes dramáticos.
San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado de la capital, cuenta con 5 CSMC sobre su territorio. Con esa cantidad de centros públicos, supera de manera individual la infraestructura disponible de departamentos completos como Madre de Dios (2 centros) y Pasco (3 centros), e iguala la capacidad asistencial que poseen regiones completas como Moquegua o Tacna (5 centros cada una).
Esta concentración excesiva de servicios asistenciales en distritos de la capital evidencia que la infraestructura de atención en salud mental no está sincronizada con la urgencia geográfica. Distritos populosos en Lima capturan recursos, mientras departamentos con tasas de victimización alarmantes quedan desprotegidos.
Detrás de cada número hay una historia de supervivencia y de lucha constante contra el laberinto burocrático del Estado. Recogemos las voces de las protagonistas y los testimonios en desarrollo de la red de auxilio.
Gabriela (nombre protegido), una joven animadora de eventos y migrante venezolana, sostenía su propio departamento e independencia financiera en el Perú. Todo cambió de forma imprevista al quedar embarazada —un milagro médico para ella, a quien le habían asegurado que no podría tener hijos—. La necesidad de pausar su ritmo laboral por la gestación la empujó a una asfixiante red de dependencia, violencia económica y hostigamiento psicológico.
*Nota: Testimonio real y detallado recogido en el reporteo de campo de este especial. Protegemos su identidad por seguridad.
Helena Díaz, psicóloga clínica especializada en acompañamiento a mujeres víctimas de violencia, advierte que el daño no empieza únicamente cuando aparece el golpe. En muchos casos, la dependencia económica, la humillación cotidiana y el aislamiento van deteriorando la capacidad de decidir y pedir ayuda.
El agresor controla recursos y vínculos hasta que la víctima duda de su propio criterio y posterga la denuncia.
Sin autonomía financiera, incluso una salida física puede sentirse imposible o peligrosa.
Para llegar al CEM 24 horas de Villa El Salvador, el recorrido empezó con una primera sede cerrada en República. Luego, en Álamos, el equipo encontró que el centro se había mudado recientemente y la nueva dirección no aparecía con claridad en búsquedas web ni en Google Maps. La ubicación final llegó por una vía más artesanal: una policía de la Comisaría de Protección de Familia escribió la dirección en un papel.
Local cerrado durante la visita.
El CEM se había mudado y no figuraba con claridad en mapas.
Una policía de familia entregó la nueva dirección por escrito.
En la entrevista, personal del CEM explicó que reciben distintos casos de violencia, especialmente situaciones físicas y psicológicas que muchas veces ya llevan largo tiempo. Varias personas llegan derivadas por la comisaría; otras veces se acercan familiares de la víctima para pedir orientación.
Cuando llegan familiares, el CEM brinda indicaciones sobre cómo acompañar, qué evitar y qué canales activar.
El centro puede informar y acompañar, pero aclara que la víctima debe acercarse para iniciar la atención.
Algunas mujeres regresan con su agresor por dependencia económica, emocional o por la estabilidad que creen conservar.
Hemos procesado y consolidado los datos oficiales de violencia, población, comisaría y dotación de salud mental. Escribe cualquier distrito del país; si solo abres el listado, verás los 15 distritos con mayor carga de denuncias.
Los datos del especial no dejan margen de duda. La violencia contra la mujer en el Perú es una llaga abierta y persistentemente alta que exige un replanteamiento estructural de la respuesta del Estado.
La respuesta institucional —medida en dotación policial femenina, descentralización de comisarías básicas y cobertura de centros de salud mental asistenciales— no está estructurada de acuerdo a la geografía de la urgencia de las víctimas. El centralismo de los recursos y la bajísima presencia femenina en comisarías son barreras invisibles pero profundas.
El debate público ya no puede girar en torno a cuántas comisarías se inauguran ante la prensa, sino dónde se ubican, qué perfil tiene su personal y con qué recursos terapéuticos reales se acompaña a la víctima. Solo cuando la geografía de la ayuda coincida con el mapa de la urgencia, el Estado empezará verdaderamente a responder.
Este especial multimedia forma parte de una propuesta de proyecto periodístico de datos universitarios para la Universidad de Lima.
Equipo de Investigación y Desarrollo: Paul Vargas Portugal
Fuentes de datos cruzadas: Base nacional de denuncias de violencia familiar (MIMP/PNP), Proyecciones de población distrital 2018-2026 (INEI), Capa de comisarías PNP georreferenciadas (MININTER SIUP), Personal de comisarías básicas (MININTER), Listado nacional de Centros de Salud Mental Comunitaria (MINSA / gob.pe).
Para construir este especial se combinaron cuatro rutas de obtención de datos: descarga directa desde fuentes oficiales, extracción automatizada de información pública, revisión de peticiones del front-end para identificar APIs y procesamiento de bases locales para generar indicadores comparables.
Se descargaron archivos públicos de denuncias, población proyectada y capas institucionales desde portales oficiales del Estado.
Se extrajo información disponible en páginas y tableros oficiales, como el personal de comisarías y listados de servicios de salud mental.
Para las comisarías por distrito se inspeccionaron las solicitudes de red del front-end, se identificó la API que alimentaba la consulta y se extrajeron respuestas estructuradas por endpoint.
Se normalizaron nombres territoriales, códigos UBIGEO y variables institucionales para cruzar denuncias, población, comisarías, personal femenino y CSMC.
Nota metodológica: las denuncias son registros administrativos y no representan necesariamente todos los casos ocurridos. La carga por comisaría es una aproximación distrital, no un conteo observado por estación policial.