El mapa de una respuesta estatal desigual ante más de 300 mil denuncias anuales de agresiones contra la mujer.
Entre los años 2019 y 2025, el Perú enfrentó una de las crisis sociales más persistentes y silenciosas de su historia reciente: la violencia física, psicológica y sexual contra las mujeres no dio tregua ni con el confinamiento de la pandemia ni con el retorno a la normalidad. La barrera de las 300.000 denuncias anuales se convirtió en una constante dolorosa.
Denuncias totales acumuladas en el periodo analizado (2018-2025)
Pico máximo de denuncias en un solo año registrado (2023)
% de denuncias concentradas en violencia psicológica y física
Al abrir la base de datos nacional, los registros de violencia revelan patrones estremecedores. La violencia no es un fenómeno homogéneo: el daño emocional constante domina los partes policiales. La violencia psicológica encabeza los registros con 1.442.157 casos (55,8%), seguida por la violencia física con 833.927 registros (32,3%). Ambas, sumadas a los casos combinados de agresión física y psicológica, concentran un abrumador 96,4% del total nacional.
"La historia de los datos nos demuestra algo incómodo: el problema está lejos de ceder, pero lo más alarmante es si la capacidad del Estado responde en la misma medida en los territorios donde la presión es insostenible."
Si miramos el volumen total de denuncias acumuladas en años completos (2018-2025), Lima Metropolitana lidera con comodidad absoluta al concentrar 796.249 denuncias. Le siguen Arequipa (181.933), Piura (133.365) y Cusco (124.071).
Sin embargo, el número bruto oculta la verdadera intensidad del dolor. Al calcular la tasa de denuncias por cada 100 mil habitantes, el mapa cambia drásticamente.
Regiones menos pobladas emergen en rojo intenso. En el último periodo comparable, territorios como Moquegua, Ica, Apurímac y Madre de Dios lideran las tasas nacionales de incidencia, evidenciando una presión asfixiante sobre sus comunidades.
¿Cómo responde el Estado frente a esta geografía de la urgencia? Cruzamos la cantidad de comisarías básicas del MININTER y los recursos de salud mental comunitaria por región.
El contraste es revelador: en departamentos con altos niveles de denuncias relativas, las comisarías y los Centros de Salud Mental Comunitaria (CSMC) muestran brechas críticas de cobertura territorial, forzando a miles de mujeres a no contar con ayuda especializada oportuna.
Cuando una víctima acude a denunciar, la primera línea de contención suele ser la comisaría del distrito. La empatía, el trato especializado y la comprensión del enfoque de género resultan vitales en esta primera interacción física.
De un total consolidado de 49.987 efectivos policiales registrados en las comisarías cruzadas en el proyecto, solo 4.569 son mujeres policías.
Incluso en regiones como Ica y Madre de Dios, que muestran niveles de afectación altísimos, la participación femenina policial apenas bordea el promedio, dejando a las comisarías en un estado de respuesta predominantemente masculino.
Aunque regiones como Tacna (14,07%), Áncash (12,83%) y Apurímac (12,77%) exhiben porcentajes ligeramente superiores, la brecha estructural a nivel país persiste. La escasez de agentes femeninas asignadas a tareas directas de atención e investigación constituye uno de los principales cuellos de botella institucionales.
El centralismo que aqueja al Perú no solo se expresa en términos económicos, sino también en el acceso a la sanación mental de las víctimas de violencia de género. El cruce con los 305 Centros de Salud Mental Comunitaria (CSMC) registrados a nivel país expone contrastes dramáticos.
San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado de la capital, cuenta con 5 CSMC sobre su territorio. Con esa cantidad de centros públicos, supera de manera individual la infraestructura disponible de departamentos completos como Madre de Dios (2 centros) y Pasco (3 centros), e iguala la capacidad asistencial que poseen regiones completas como Moquegua o Tacna (5 centros cada una).
Esta concentración excesiva de servicios asistenciales en distritos de la capital evidencia que la infraestructura de atención en salud mental no está sincronizada con la urgencia geográfica. Distritos populosos en Lima capturan recursos, mientras departamentos con tasas de victimización alarmantes quedan desprotegidos.
Detrás de cada número hay una historia de supervivencia y de lucha constante contra el laberinto burocrático del Estado. Recogemos las voces de las protagonistas y los testimonios en desarrollo de la red de auxilio.
Gabriela (nombre protegido), una joven animadora de eventos y migrante venezolana, sostenía su propio departamento e independencia financiera en el Perú. Todo cambió de forma imprevista al quedar embarazada —un milagro médico para ella, a quien le habían asegurado que no podría tener hijos—. La necesidad de pausar su ritmo laboral por la gestación la empujó a una asfixiante red de dependencia, violencia económica y hostigamiento psicológico.
*Nota: Testimonio real y detallado recogido en el reporteo de campo de este especial. Protegemos su identidad por seguridad.
Esta sección está reservada para incorporar los análisis y puntos de vista de especialistas en derecho familiar, género y salud comunitaria.
Esta sección presentará un desglose detallado de la infraestructura de apoyo legal y asistencia psicológica brindada por el MIMP en las comisarías.
Hemos procesado y consolidado los datos oficiales de violencia, población, comisaría y dotación de salud mental para cada rincón del Perú. Escribe tu distrito abajo para obtener una ficha detallada e instantánea de la respuesta institucional del Estado.
Los datos del especial no dejan margen de duda. La violencia contra la mujer en el Perú es una llaga abierta y persistentemente alta que exige un replanteamiento estructural de la respuesta del Estado.
La respuesta institucional —medida en dotación policial femenina, descentralización de comisarías básicas y cobertura de centros de salud mental asistenciales— no está estructurada de acuerdo a la geografía de la urgencia de las víctimas. El centralismo de los recursos y la bajísima presencia femenina en comisarías son barreras invisibles pero profundas.
El debate público ya no puede girar en torno a cuántas comisarías se inauguran ante la prensa, sino dónde se ubican, qué perfil tiene su personal y con qué recursos terapéuticos reales se acompaña a la víctima. Solo cuando la geografía de la ayuda coincida con el mapa de la urgencia, el Estado empezará verdaderamente a responder.
Este especial multimedia forma parte de una propuesta de proyecto periodístico de datos universitarios para la Universidad de Lima.
Equipo de Investigación y Desarrollo: Paul Vargas Portugal
Fuentes de datos cruzadas: Base nacional de denuncias de violencia familiar (MIMP/PNP), Proyecciones de población distrital 2018-2026 (INEI), Capa de comisarías PNP georreferenciadas (MININTER SIUP), Personal de comisarías básicas (MININTER), Listado nacional de Centros de Salud Mental Comunitaria (MINSA / gob.pe).